La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede impedir la materialización de la amenaza presidencial de no renovarle a Radio Caracas Televisión (RCTV) el permiso para seguir operando en señal abierta, siempre y cuando se lo solicite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o los representantes del canal 2.Así lo aseguró la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar (UCAB), quien representó a los familiares de las víctimas de la masacre del Amparo que acudieron ante el tribunal hemisférico.
Bolívar recordó que el juzgado internacional "puede ordenarle a los Estados que adopten medidas para evitar que continúen las vulneraciones a las garantías fundamentales o para que se produzcan otras nuevas, a través de las llamadas medidas provisionales".
Una fuente vinculada a la Corte agregó: "Los representantes de la televisora pueden, tan pronto como les sea notificada la admisión, denunciar una violación sobrevenida (la amenaza de sacarlos del aire) (...) La Corte no necesariamente se tiene que limitar a conocer los hechos expuestos en la demanda que introdujo la CIDH, sino que puede conocer otros que se han producido posteriormente".
Sin embargo, tanto Bolívar como el experto del tribunal hemisférico consultado coincidieron al señalar que el caso debe presentarlo el denunciante (RCTV) o el acusador (CIDH), pues "la Corte no está facultada para actuar de oficio".
Tras advertir que un pronunciamiento del juzgado demorará, pues éste "no sesiona permanentemente", la directora del Centro de DDHH de la UCAB agregó: "Aunque pase el 27 de mayo, la Corte podría dictar alguna medida provisional en la que, por ejemplo, ordene el reinicio de las operaciones de la estación, mientras analiza el caso y determina si en realidad las autoridades venezolanas violaron alguna de las normas que se les achaca (libertad de expresión, integridad personal, garantías y protección judicial).
La posibilidad de que el gobierno de Hugo Chávez respete un eventual fallo condenatorio fue descartada por Bolívar, quien recordó la actitud que ha mantenido el Ejecutivo frente a las solicitudes de protección y resguardo en favor de periodistas y defensores de derechos humanos, dictadas por la CIDH.
No obstante, el informante del juzgado hemisférico no dudó del apego del Gobierno venezolano al sistema interamericano y recordó que, hasta ahora, Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ha sido el único país que ha intentado desoír una sentencia en su contra.
"Pero la condena internacional lo obligó a rectificar", puntualizó.
Al recordarle que en los casos del Amparo, Caracazo, Retén de Catia y desapariciones forzadas de Vargas las autoridades se han limitado a cancelar las indemnizaciones pero no han investigado ni sancionado a los responsables de esos hechos dijo: "Tal vez ha habido retraso, pero no desacato. La Corte entiende que la justicia en la región no marcha como debería y, por ello, no se puede responsabilizar a los gobiernos".
Sobre las eventuales repercusiones de un desacato, Bolívar aseveró: "Básicamente se le aplica al país que incurra en esta infracción una sanción moral en el Consejo Permanente de la OEA, pero más nada. No se ordena un bloqueo ni nada por el estilo".
Sin embargo, la respuesta del informante de la Corte fue tanto más dura: "El país que desacata se pasa a la OEA, para que este organismo lo coloque en una lista negra y a partir de allí se limitan los intercambios con los otros estados miembros, se le veta y hasta se le pueden imponer sanciones económicas".
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