Las autoridades venezolanas tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión, incluyendo la de sus oponentes, dijo Amnistía Internacional ante el posible cierre de RCTV.
Para la organización, ésta es la última de una serie de medidas que han venido mermando el derecho a la libertad de expresión en el país.
"Las limitaciones a la libertad de expresión afectan el disfrute y la defensa de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la integridad física, a la vivienda, a la libre asociación, todos derechos protegidos por la Constitución venezolana. Sin libertad de expresión, las personas en Venezuela tendrán menos capacidad de denunciar abusos y atropellos y ser resarcidas, así como de participar en la construcción de propuestas sobre los temas clave para el país," dijo Amnistía Internacional.
"El trabajo de los medios es el de reflejar opiniones y puntos de vista sobre las diferentes realidades y problemas que aquejan a la población. Si un gobierno restringe esa libertad, está amenazando una de las piedras angulares de la sociedad".
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