Por primera vez en su historia, Venezuela deberá enfrentar un proceso judicial por violación del derecho a la libertad de expresión ante instancias internacionales. La razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por vulnerar las garantías fundamentales de los periodistas y trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV).
La decisión la adoptó la instancia presidida por Florentín Meléndez luego de constatar que las autoridades nacionales no atendieron ninguna de las recomendaciones que le formularon en la resolución del 20 de diciembre de 2006, en la cual determinaron que los derechos a la libre expresión, integridad personal, garantías y protección judicial de quienes laboran en el canal 2 fueron violentados.
En esa oportunidad, la Comisión le pidió al gobierno de Hugo Chávez que no atacara a los comunicadores y demás personal de RCTV, que investigara y sancionara a quienes lo han hecho y que les garantizara las condiciones para que puedan ejercer sus funciones.
La CIDH esperó hasta el pasado 8 de abril para ver si el Ejecutivo atendía o no sus sugerencias y posteriormente elaboró un informe que ha sido anexado al expediente que sustanció durante casi cinco años.
El 23 de julio de 2002, Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras, Eduardo Sapene, Javier García, Isnardo Bravo, David Pérez Hansen, Wilmer Marcano, Winston Gutiérrez e Isabel Mavárez presentaron una denuncia por los ataques verbales y agresiones físicas que les propinaron simpatizantes del jefe de Estado mientras cubrían actos oficiales.
Más adelante, a esta acción le fueron incorporadas las amenazas presidenciales de revocarle o retirarle la concesión a la planta de Bárcenas.
El asesor jurídico de RCTV, Oswaldo Quintana, destacó la importancia de la resolución, indicando: "El Estado venezolano debería respetar una de las condiciones fundamentales para que se pueda ejercer el trabajo periodístico en RCTV, como es mantener la señal abierta, si el Estado no la acoge, estaría violentando recomendaciones de un organismo al cual el Gobierno tiene que acatar y respetar".
La decisión de la CIDH de demandar al Estado por violar el derecho a la libertad de expresión es una medida sin precedentes. Hasta el momento, el tribunal hemisférico ha declarado culpable a Venezuela de vulnerar las garantías fundamentales de alguno de sus ciudadanos en cuatro oportunidades.
La primera sentencia se produjo en 1995 y se refirió a la masacre de El Amparo, ocurrida en los años ochenta. Cuatro años después fue dictado el fallo por los hechos de febrero y marzo de 1989, mejor conocidos como "El Caracazo".
Casi seis años después llegó la condena por las desapariciones forzadas de Oscar Blanco, Roberto Hernández y José Rivas, ocurridas en Vargas durante la tragedia que asoló a esa entidad en diciembre de 1999.
Y, por último, el año pasado se determinó la responsabilidad del Estado en la masacre ocurrida en el retén de Catia durante el golpe de 1992.
No obstante, expertos afirman que un pronunciamiento del juzgado podría demorarse entre uno y dos años.
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