No pueden castigar a un medio por actos de sus dueños

Las posturas políticas asumidas por los directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV) y las supuestas infracciones en las que habrían incurrido éstos durante los últimos años "no son causa legítima" para adoptar ninguna medida que implique la salida del aire del canal 2.

Así lo afirmó el ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alirio Abreu Burelli, luego de participar en el seminario internacional "La libertad de expresión en una sociedad democrática", instalado ayer en el auditorio del Jardín Botánico de Caracas.

"Si el director de un periódico, emisora o televisora comete una infracción penal o administrativa él debe responder por ella, pero en ningún caso se podría adoptar una medida que implique el cierre del medio", declaró el reconocido jurista, quien citó el caso del empresario Baruch Ivcher Bronstein, propietario de la televisora peruana Frecuencia Latina, a quien el gobierno de Alberto Fujimori le retiró la nacionalidad peruana, para así lograr el cambio de la línea editorial de la planta.

Consultado sobre el anuncio del Gobierno, de que no renovará la concesión a RCTV, bajo el argumento de que es un "canal golpista", señaló: "El Estado tiene el derecho de dar una concesión y una vez vencida puede renovarla o no, pero el problema cuando la otorga y se desarrolla se genera otro derecho, que es el de la gente que recurre a ese medio para informarse y entretenerse".

Bajo esta última premisa, advirtió que cualquier acción contra la televisora debe ser sopesada con los usuarios de ésta y sugirió algunas maneras de sondear la opinión de ese colectivo: "Un referendo podría ser un mecanismo para escuchar la opinión de los afectados. ¿Está de acuerdo o no con el cierre de un medio?".

Seguidamente expuso otra alternativa. "Un proceso judicial abierto, en el cual se expongan las razones para cerrar el medio, las cuales deberían ser exclusivamente inherentes al medio y no a las personas que lo dirigieron; y allí la comunidad podría intervenir y exponer sus pareceres".

En el evento organizado por las embajadas de Canadá y de Finlandía, por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y por la Fundación alemana Konrad Adenauer, también participó el ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, quien fue consultado sobre la situación de RCTV.

Al respecto, Bertoni recordó que los tratados internacionales firmados por Venezuela le prohíben al Gobierno entregar las frecuencias radioeléctricas "para premiar o castigar" a determinadas personalidades o grupos, por sus posiciones políticas.

Para y por los ciudadanos

Durante su exposición, Abreu Burelli afirmó que la libertad de expresión es "indispensable para que los partidos políticos, sindicatos y grupos científicos y culturales puedan realizar su función y para que los ciudadanos puedan informarse".

Precisó que una sociedad en la que sus miembros no puedan acceder a la información, las ideas y opiniones libremente para formarse su propio criterio, "no es una sociedad plenamente libre".

Entretanto, el especialista Héctor Faúndez señaló que la libertad de expresión no fue concebida como un derecho para los gobiernos, sino para los ciudadanos.

"La libertad de expresión es un instrumento para la búsqueda de la libertad (...) La libertad de expresión tiene que respetarse porque es parte de la dignidad humana y contribuye al desarrollo individual de la persona", aseveró.

No obstante, no se quedó allí y mencionó otra razón por la cual esta garantía es tan importante para las sociedades actuales. "La libertad de expresión es la manera como participamos en el gobierno y en la toma de decisiones. Es una herramienta que contribuye a hacer más transparente los actos de gobierno".

El Universal