La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe (Amarc-ALC) ofreció su apoyo a RCTV.
En un comunicado publicado este viernes, la organización explicó que "en razón de su compromiso con la libertad de expresión e información, y su objetivo de promover la democratización de las comunicaciones", solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión considerar los aspectos de fondo en el caso RCTV, que tienen relación con "la forma en la que los Estados administran el otorgamiento de frecuencias de radio y TV a través de leyes y reglamentos de telecomunicaciones y radiodifusión, ampliando su atención a todos los países de la región".
En el documento la Amarc hace al Gobierno venezolano algunas sugerencias sobre la situación en torno a no renovación de la concesión a la planta televisiva.
Expresan que aunque valoran el esfuerzo del Gobierno venezolano de incluir en su normativa a las radios y televisoras comunitarias como medios complementarios a los estatales y comerciales, deben recordarle al Gobierno que "en el marco de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) se debe fomentar la diversidad de regímenes de propiedad de los medios de comunicación".
Subrayan que en la Convención sobre la Diversidad Cultural de la Unesco los Estados están en la obligación y el derecho de "adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación".
Destacan además que los relatores de libertad de expresión de la OEA, ONU y la OSCE han indicado que "la promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión" (2001).
Reconocen que la decisión actual respecto a RCTV está enmarcada en "las atribuciones del Estado; sin embargo, hay razones que establecen el carácter y los límites de esa potestad: los Estados son sólo administradores del espectro radioeléctrico y no sus dueños. Las frecuencias son consideradas recurso natural patrimonio de la humanidad, y la radiodifusión es soporte para ejercer un derecho fundamental: la libertad de expresión".
El documento refiere que "los Estados no pueden administrar el uso de las frecuencias de manera discrecional ni arbitraria. Los máximos estándares interamericanos de derechos humanos establecen que el otorgamiento de frecuencias de radio y TV debe garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, y los requisitos, procedimientos y criterios de evaluación deben ser transparentes, claros y estar establecidos previamente".
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