En su evaluación de la situación de la difusión y recepción de opiniones e informaciones en el hemisferio, correspondiente al segundo trimestre de 2007, Ignacio J. Álvarez afirmó: "La Relatoría observa con preocupación que bajo el pretexto de fomentar el pluralismo se ha utilizado el poder público en países de la región para tratar de silenciar a medios críticos a la gestión gubernamental".
Seguidamente agregó: "Tal uso desviado y abusivo del poder público se produce a través de amenazas y de decisiones arbitrarias y discriminatorias en materia de administración de frecuencias de televisión y de radio". En el reporte se recuerda que mientras al canal de Bárcenas no se le permitió seguir operando en señal abierta, a Venevisión y a Venezolana de Televisión (VTV) el Gobierno les extendió los permisos, sin ofrecer explicación alguna.
Reiteró su petición por otorgar las licencias a través de concursos abiertos y públicos.
Álvarez también denunció otros procedimientos "sutiles" para lograr que determinados medios asuman posiciones menos combativas: "Como por ejemplo la asignación de la publicidad oficial como premio o castigo a la línea editorial del medio, el ejercicio de acciones penales y administrativas contra periodistas y contra medios, la descalificación verbal e incitación a la violencia contra periodistas, y la discriminación en el acceso a información y a fuentes oficiales".
Entre abril y junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió 14 denuncias de agresiones, amenazas y de censura previa a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y demás trabajadores de los medios privados venezolanos.
Entre los casos figuran el despido de la periodista Marietta Santana por parte de la televisora La Tele. A la comunicadora le fue rescindido su contrato luego de que participara en una de las muchas manifestaciones en contra de la decisión oficial de no renovarle la concesión a RCTV.
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