jueves, 7 de junio de 2007

Reacciones internacionales 07JUN07

El senado chileno aprobó este miércoles un proyecto de acuerdo para que la presidenta Michelle Bachelet pida a la misión nacional en la Organización de Estados Americanos (OEA) que ésta se manifieste por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela.

Según un comunicado de la Cámara Alta de Chile, la iniciativa busca dar a conocer "el irrestricto compromiso del país con la libertad de información y expresión, como condiciones esenciales para la vigencia de una efectiva democracia".

El proyecto, aprobado por 23 votos a favor, 12 rechazos y una abstención, apela al pronunciamiento de organismos internacionales por la no renovación de la concesión del canal privado RCTV ordenada por el presidente venezolano Hugo Chávez, que a juicio del senado chileno viola la Cláusula Democrática de los países de la región.

"La no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión representa un atentado a la libertad de expresión y de información garantizada en el instrumento internacional", dice la nota.

El de este miércoles es el segundo proyecto de acuerdo aprobado por el senado chileno por el caso RCTV. El anterior, surgido en abril pasado, también pidió la intervención de Bachelet ante la OEA, lo que provocó un fuerte rechazo en el mandatario venezolano, que calificó a la Cámara Alta chilena de 'fascista'.

RCTV cesó sus transmisiones el pasado 27 de mayo después de que Chávez decidiera no renovarle su concesión.


RCTV y la Ley Televisa

Los medios son siempre noticia. ¿Por qué? Bueno, entre muchas otras razones, porque son un factor de poder real. Y en estas últimas semanas hemos escuchado hablar mucho de ellos, por diferentes razones. Por un lado, el fin de Radio Caracas Televisión por la decisión de Hugo Chávez de retirarle la concesión. En México, de la discusión sobre la inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa.

Digamos que la palabra clave que una a los dos casos es el dominio. ¿O la dominación? ¿El estado domina a los concesionarios o los concesionarios al estado?

Empecemos del sur al norte. A Venezuela primero.

Como saben, desde el 27 de mayo Radio Caracas Televisión (RCTV) dejó de transmitir debido a que el presidente de este país, el polémico Hugo Chávez, le negó la renovación de la concesión y en su lugar inició operaciones un nuevo canal público: la Televisora Venezolana social (teves).

El hecho desató discusiones no sólo en Venezuela, sino en organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización de Estados Americanos (OEA), y en muchos países del mundo, sin exagerar.

El debate cruzó fronteras porque, para muchos, Hugo Chávez atentó contra la libertad de expresión. Y auguran: es sólo el comienzo de un gobierno totalitario que controlará los medios de comunicación. Los pleitos de Chávez no terminan ahí. A menos de un mes de que RCTV cancelara transmisiones, el presidente venezolano ya amenazó a Globovisión con hacerle lo mismo y demandó a CNN, ambas por “instigar al magnicidio” (de Chávez, ¿quién más?)

La decisión de Chávez (una de sus prerrogativas como Presidente) provocó manifestaciones y enfrentamientos, sobre todo de estudiantes contra policía local. Aunque también el oficialismo venezolano salió a las calles, pero a celebrar la decisión de poner fin a RCTV porque, en su opinión, la concesión estuvo secuestrada por el grupo Broadcasting Company por 53 años.

Ante todo esto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que el cierre de RCTV es un retraso de 30 años y una barbarie contra la libertad de prensa: que un gobierno esté molesto con las críticas no es razón suficiente para sacar a un canal del aire.

RCTV sigue luchando para estar presente entre sus seguidores y ha hecho uso de uno de los medios más vistos en todo el mundo: You tube. Además, continuarán transmisiones a través de la señal internacional Caracol de Colombia y ofrecerán parte de su programación en vivo en la plaza Alfredo Sadel, lugar en el que montarán los sets de algunos de sus programas y se transmitirán los capítulos de sus telenovelas en pantallas gigantes.

Aunque parece que la mayoría está en contra de la decisión de Chávez, algunos expertos opinan que la televisora trató de desestabilizar al país con mensajes subversivos, debido a lo cual –como está previsto en la ley-- se puede ordenar la cancelación inmediata, además de que el espacio le pertenece al estado y puede hacer uso de él en cualquier momento.

Y no sólo expertos se pronuncian a favor de RCTV. Aquí en México, el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (la famosa APPO), afirmó que si la concesión no se renovó es porque la televisora respondía a intereses que no eran los de Venezuela.

Y mientras vemos cómo se extinguen 53 años al aire de RCTV y Condolezza Rice afirma que esta es la medida antidemocrática “más aguda” en la que ha caído Hugo Chávez, vale la pena ponernos a pensar ¿y qué pasa en nuestro país?

En cuestión de libertad de expresión, de concesiones y de legislación de medios, en México estamos en medio de una discusión, de la cual ya hablamos en el blog La Ley Televisa… ¿cómo votarán los ministros? Vale la pena ligarlo porque han pasado –y seguro seguirán pasando—muchas cosas interesantes.

En resumen ejecutivo, como me gusta decir, el fallo de la Suprema Corte de Justicia fue muy contrario a los intereses de las televisoras. Es más, muchos dirán sin eufemismos, que fue un verdadero madrazo. Todos sabemos que las grandes televisoras en este país son un factor de poder real. Muy real.

Pero revisemos un poco punto por punto. ¿Qué fue, a grandes rasgos, lo que decidió la SCJN, sobre todo que fue lo que decidió el pasado 5 de junio que sin duda será recordado como el día de una sesión histórica?

Para empezar, la SCJN declaró inconstitucional la prohibición que estableció el Congreso para que los funcionarios que tenían un cargo en la Cofetel, no pudieran repetir en el cargo ya que estuviera publicada la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.

Lo que también fue un duro golpe la Ley Televisa fue la decisión de anular las renovaciones automáticas de concesiones, lo que significa que los concesionarios actuales dejan de ser “dueños” sin límite de tiempo del espacio radioeléctrico. Necesitarán licitar con una regularidad aún no determinada y pagar una renovación al Estado.

Esto no termina ahí. La Corte declaró al artículo 17-G inconstitucional, por lo que se desecha la posibilidad de adquirir por medio de subasta una concesión, ya sea de radio o televisión. Es decir, las concesiones no se darán al mejor postor (al que ofrezca más dinero), sino al que presente el mejor proyecto con contenidos de calidad. Eso dice la ley.

Asimismo, la SCJN ha dicho que es inconstitucional la fracción del artículo 16 que establece un plazo fijo de 20 años para la vigencia de las concesiones de radiodifusión.

Y qué decir de la inconstitucionalidad de prestar servicios adicionales. El artículo 28 también se fue para abajo. Los ministros consideraron que los concesionarios no pueden ni deben prestar servicios de telecomunicación sólo pidiendo permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y además…. ¡sin pagar nada!

Hoy tocamos dos temas muy interesantes y quiero saber su opinión al respecto. ¿Qué pasa en Venezuela?, ¿de verdad hubo una violación a la libertad de expresión o el estado sólo hace uso legítimo de su espacio radioeléctrico?, ¿qué opinan de las reacciones en pro, en contra y de las opiniones de organizaciones internacionales?

En el caso de México, ¿qué opinan de las decisiones de los ministros? ¿Ahora sí podemos decir “de qué están hechos” como aseguraba que lo sabríamos hace una semana el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano? ¿Se les hace justo decir que contrario a Venezuela donde hay un presidente electo –eso es Chávez, nos cuadre o no—que ejerce un control ferreo sobre los medios aquí en México—toda proporción guardada—era un poco al revés y las televisoras tenían, con esta ley, un poder supra estatal, por así decirlo?

¿Cómo piensan que reaccionarán las televisoras? Ahora que se prevé que se vuelva a legislar sobre el tema de las telecomunicaciones, ¿cuáles son las premisas básicas e irrenunciables que debe poseer el estado y cuáles deben cederse para que las grandes empresas de televisión, por ejemplo, tengan la tan mencionada “seguridad jurídica” de su inversión? ¿Qué propondrían, además, para que la futura nueva Ley de Medios sea adecuada y respete la pluralidad y la libre expresión?

Y finalmente, ¿qué podemos pensar de la declaración de Calderón afirmando que tendremos una ley de telecomunicaciones para el México moderno?, ¿cómo debe ser esta ley?



Preocupa a la CIDH que aún no pueda visitar el país

Ciudad de Panamá.- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, al presentar su Informe Anual correspondiente a 2006 ante la 37 Asamblea General de la OEA, que culminó en Panamá, expresó su preocupación por el caso Venezuela frente a la "falta de concreción" del Gobierno para permitir visitas de la Comisión, a fin de cumplir con sus funciones y su mandato".

También destacó la situación sobre "la inseguridad ciudadana, la falta de independencia judicial, la precaria situación de las personas privadas de libertad, los altos niveles de violencia carcelaria y la situación de la libertad de expresión", refirió un comunicado difundido ayer.

Puntualizó que la CIDH recibió información "sobre hechos que afectaron la libertad de expresión", que incluyeron "aumento de procesos penales contra periodistas y acciones que podrían configurar restricciones indirectas a la libertad de expresión, según las cuales autoridades de Gobierno anunciaron la revisión de la concesión de medios de comunicación por motivos que podrían incluir su línea informativa".

Recordó que la potestad de administrar el espectro radioeléctrico debe ser ejercida conforme a las obligaciones internacionales del Estado, "sin adoptar restricciones indirectas a la libertad de expresión sobre la base de la línea editorial de los medios de comunicación". También resaltó "la significativa y pacífica" participación ciudadana en las elecciones presidenciales del año pasado.

Meléndez, que abordó también los derechos humanos en Colombia, Cuba y Haití, solicitó a los Estados "mayor esfuerzo" para cumplir recomendaciones, sentencias y medidas urgentes de protección para avanzar en la ratificación de tratados en la materia. De 345 países sólo 119 los han ratificado.


Niegan que CAN tenga opinión del caso RCTV

Lima.- El canciller peruano, José García Belaúnde, desautorizó al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el ecuatoriano Freddy Ehlers, quien consideró legal el fin de las transmisiones de RCTV.

"Me comuniqué oficialmente con el secretario general de la CAN para manifestarle que no estaba autorizado para hacer declaraciones sobre un tema donde no existe ningún consenso, mucho menos en la CAN", dijo el canciller a la emisora Radioprogramas del Perú.

El secretario general del bloque andino (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) dijo la semana pasada en La Paz que "legalmente Venezuela está en pleno derecho" de no renovar la licencia a un canal de televisión porque un país "puede o no dar (una frecuencia) a los medios de comunicación", señaló AFP.

Denuncian amenazas

El periodista de RCTV, Miguel Ángel Rodríguez, denunció que él y su familia, así como medios de la oposición, reciben amenazas y alertó sobre una ola represiva.

En una reunión con los periodistas extranjeros acreditados en Lima solicitó al presidente Chávez que reconsidere su decisión y renueve la licencia a RCTV. "Estoy en una situación de amenazas de todo tipo, he solicitado investigaciones que han sido desoídas por el Estado, hay situaciones de persecución de familiares míos (...) Hay casos sustanciados de amenazas hasta la muerte", denunció el periodista, según Efe.

El Universal

Insulza descarta que venga una misión

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó el lunes el carácter conciliador y no fiscalizador del organismo, al ofrecer una rueda de prensa con el balance de la 37 asamblea anual.

Descartó que prevea designar a una comisión que viaje a Venezuela para investigar denuncias internas sobre asuntos relacionados con la libertad en ese país suramericano, citó DPA.

"Creo que la peor manera de establecer un diálogo es singularizando a países y haciendo de un país el centro de la discusión de esa materia. No creo que sea práctico. Creo que la Carta Democrática Interamericana es un instrumento de diálogo y de consenso, y no un instrumento de singularización o de presión", advirtió el secretario general.

Insulza se mostró partidario de iniciar un diálogo con todos los países del continente, incluida Cuba, por la sencilla razón de que 33 de 34 Estados del hemisferio mantienen relaciones con la isla.

Explicó que en virtud del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, que fue el citado por la secretaria estadounidense, Condoleezza Rice para justificar su petición de enviar una misión, él necesitaría entre otros requisitos el consentimiento de Venezuela para proceder a una visita como la solicitada.

Se requiere el "consentimiento previo de ese país y por lo que he visto, no lo acepta", sostuvo Insulza, señalando que aún no había conversado con las autoridades venezolanas al respecto y que se guiaba por informaciones de prensa, precisó Reuters.

El lunes el canciller venezolano, Nicolás Maduro, descartó tal autorización.


El Universal

2 comentarios:

S.A. dijo...

Hay que entender que la libertad de expresión es un derecho que bajo ningun punto de vista pertenece a unos por sobre otros.

La cancelación de la cadena no quita el derecho sino que restringe el medio, que basicamente le pertenece a la población.

Así, RCTV, bajo las mismas circunstancias del pueblo venezolano, podrá seguir ejerciendo su derecho pero ya no bajo el amparo dle mercado ni del capitalismo, sino bajo las circunstancias del poder popula

Atte.
S.A.

Unknown dijo...

Bueno punto de vista, SA, que no comparto... Gracias por tu aporte.