A Ricardo Uceda le tocó lidiar, desde la jefatura de la unidad de Investigación del diario El Comercio, de Lima, con una de las políticas de gobierno más férreas desarrolladas contra los medios de comunicación en las últimas décadas: la de Alberto Fujimori durante su mandato en Perú. Un año después de iniciarse este gobierno, en 1993, Uceda fundó el Instituto de Prensa y Sociedad, organismo que estudia y promueve la libertad informativa y de expresión en Latinoamérica. Sobre ambos temas en Venezuela se ha abierto un copioso debate en medio de eventos inéditos que provocan la mirada escrutadora de entes especializados como el IPYS.
-Algunos analistas perciben cierto paralelismo entre la política de Fujimori y la de Hugo Chávez con los medios de comunicación. ¿A su juicio también existen tales semejanzas entre ambos gobiernos?
-Sí existe cierto paralelismo porque, de alguna manera, se ha alterado el equilibrio de los poderes democráticos. Fujimori logró un Poder Judicial adicto, un Parlamento servil y medios de comunicación afines. En Venezuela, aunque por otros caminos, es evidente que existen poderes Legislativo y Judicial no autónomos, y una prensa que ha resultado afectada por el proceso autoritario.
En el caso de la televisión en concreto, que es un medio al que todos los gobiernos asignan especial importancia porque se supone que influyen en el espíritu político de la gente, Fujimori se entendió con los propietarios y al empresario díscolo, Baruch Ivcher, dueño del canal 2 de Perú, lo "mató": lo expulsó del país por una supuesta irregularidad en su nacionalización. Aquí el proceso ha sido distinto, aunque supongo que económicamente Venevisión gana con quienes dejaron de anunciar en RCTV.
-¿La diferencia es sólo operativa?
-Es operativa, pero también existen otras diferencias. Allá, los empresarios y la derecha peruana estaban en bloque con Fujimori. Aquí también existe un sector empresarial que funciona con Hugo Chávez pero me parece que es más porque hacen negocio, por sentido práctico.
-¿Cuál es su percepción sobre la no renovación de la concesión a RCTV?
-Yo creo que el presidente Chávez tomó una bandera que es justa, pero la distorsionó. Efectivamente, las frecuencias radioeléctricas pertenecen al pueblo y el Estado debe administrarlas. Pero en Latinoamérica, y estoy hablando en términos generales, siempre han sido entregadas a un grupo de personas que las han usado como les ha dado la gana. Y esos son espacios de la gente. Hasta ahí es la bandera justa del presidente Chávez. Lo que no puede hacer el Estado, y es cuando empieza la distorsión, es impedir monopolios privados en los medios de comunicación para instaurar un monopolio estatal.
-¿El Estado debió haber convocado a una licitación para otorgar tal concesión?
-En la organización a la que pertenezco, y que está conformada por periodistas que no son dueños de medios, hemos estudiado la situación en Latinoamérica y hemos detectado una excesiva concentración de medios, sobre todo en radio y televisión. Esto ocurre en toda la región, no sólo en Venezuela. Creemos que urge que los Estados cambien las leyes que regulan las concesiones que se les otorgan a compañías privadas con el objetivo de permitir una mayor pluralidad y que se permitan revertir tales concesiones si éstas son mal usadas. Por ejemplo, en Perú ocurrió que algunos medios vendían el contenido a terceros. Tal usufructo no debería estar permitido.
-Es un tema delicado. ¿Cómo asegurar su buen uso?
-Es necesario que las concesiones se otorguen con normas claras, procesos transparentes y, especialmente, por una autoridad autónoma que asegure que, bajo ningún concepto se entregan por motivos políticos. Por eso es importante que el ente que las asigne no dependa del Gobierno porque favorecería a sus partidarios. Esa es una actitud que podría considerarse casi humana pero inaceptable porque el espectro radioeléctrico pertenece a la gente y no al Gobierno.
-Usted ha comentado que en Perú, durante el mandato de Fujimori, los periodistas ya no pedían libertad de expresión sino sólo democracia, que es el término previo. ¿Podría ocurrir lo mismo en Venezuela?
-Ya cuando se pide libertad de expresión se están revelando problemas de democracia porque, aunque se alude a una dimensión de los derechos de la gente por expresarse y encontrar información, también se refiere a que se afecta el derecho a una justicia que estudie las demandas de manera autónoma o a un parlamento que, sea o no de mayoría oficialista, analice una ley para garantizar que es realmente adecuada.
La democracia funciona si tiene un Poder Judicial y un Legislativo autónomos, además de una contraloría que supervise que efectivamente se cumplen las normas. Si esto no funciona, porque hay un poder personal que arropa a los demás, es obvio que se trata de un régimen autoritario. En Venezuela, existe un enorme poder estatal que amenaza con convertirse en un poder personal. Aunque no se puede decir que sea una dictadura como la ocurrida en Perú, Chile o Argentina en los 70, porque no se presentan algunos elementos importantes como desaparecidos y denuncias masivas de tortura pero, definitivamente, sí se trata de un sistema autoritario de Gobierno.
-¿Cómo ve la situación de Venezuela, en cuanto a libertad de expresión, en relación con el resto de la región?
-Aunque en América Latina existen numerosos ataques contra los medios de comunicación, todos provienen del sector privado. En Venezuela no es así. Junto con Cuba, son los únicos dos países donde es el Estado el que ataca a los medios. Esa es la peor de las situaciones porque puede implicar el uso indebido de la fuerza pública.
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