La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó devolverle a Radio Caracas Televisión (RCTV) las frecuencias por las que transmitió en señal abierta desde 1953 hasta el pasado 27 de mayo.
La decisión la adoptó el máximo juzgado al desestimar la medida cautelar que en junio interpusieron los abogados de la estación para lograr, de manera temporal y hasta tanto el ente rector del Poder Judicial no determine si la forma como el Gobierno no le renovó la concesión estuvo o no ajustada a Derecho, reanudar sus operaciones por el canal 2.
En el fallo, la magistrada Evelyn Marrero desechó la petición, bajo el argumento de que si la hubiera admitido habría incurrido en un adelanto de opinión. El motivo: daría por válidas las denuncias formuladas por el Grupo 1BC, lo cual debe resolverse en el juicio que éste inició contra el Ejecutivo.
No obstante, en el dictamen la Sala se pronunció sobre algunos de los señalamientos que la planta de Bárcenas lanzó contra el Ministerio de Telecomunicaciones.
Sobre la acusación de que a RCTV no se le abrió ningún procedimiento que permitiera sopesar las razones para decidir no extenderle el permiso para transmitir en señal abierta señaló: "El vencimiento de una concesión es un hecho fatal que se configura con el paso del tiempo, de allí que no sea necesario ningún pronunciamiento de la administración sobre tal devenir".
También dictaminó que el despacho de Jesse Chacón no incurrió en desviación de poder, al contrario, afirmó que tomó medidas para "garantizar servicios de televisión".
Asimismo desestimó los daños económicos que para los accionistas de RCTV, sus tres mil empleados y los cientos de proveedores supone el cese de las transmisiones de la planta. "No evidencia la Sala (...) de qué manera puedan producirse los daños alegados (...) pues es un hecho público y notorio que dicha empresa sigue operando (...) pudiendo transmitir sus contenidos (...) lo que hace suponer que está cumpliendo sus compromisos".
El fallo se publicó 24 horas antes de que se venza el lapso dado por el Gobierno a las empresas de cable para que retiren la señal de RCTV, en vista de que ésta no aceptó ser considerada como una productora nacional.
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